ERNC en Chile: ¿Se derrumban los mitos del extractivismo?

Patricio Segura Ortiz, Periodista. (psegura@gmail.com)  

Nos dijeron que si no se concretaba HidroAysén Chile quedaría a oscuras.  ¿Desde cuándo es estratégico para un país subordinarse a lo que decida una junta de accionistas?

Nos dijeron que sin termoelectricidad y represas, las energías renovables no convencionales (ERNC) no podrían avanzar por su intermitencia y adaptación a los ciclos de la naturaleza.  ¿Desde cuándo vivir en armonía con los ecosistemas se convirtió en un objetivo cuestionable?

Nos dijeron que las ERNC eran más costosas y que su incorporación a la matriz nacional haría subir las tarifas eléctricas.  ¿Desde cuándo es la economía la que debe tener la última palabra en todo, y guiar el interés público y el bien común?

Nos dijeron que sería imposible alcanzar un 20% de ERNC al 2020, y bajo tal argumento torpedearon en el Congreso el proyecto 20/20 y lo aplazaron 5 años, al 2025.  ¿Desde cuándo la política se sustenta solo en la realidad construida por quienes quieren mantener las cosas inmutables, en pos de intereses particulares?

Nos dijeron tantas cosas, con su seriedad infinita, sus ternos y corbatas, sus Ipad, planillas y powerpoint, amplificados por una prensa que saca la cuña que necesita para no verse obligada a inventarla.  Hay que guardar las apariencias.

Nos trataron de convencer y con algunos lo lograron. Con aquellos que temen soñar y asumir que en sus manos, en su acción colectiva,  está la posibilidad de construir su futuro. El propio y el de los demás.

Pero en pocos meses, quizás días, sus augurios se fueron derrumbando.  Sus pronósticos exorcizados, como quien espanta a ese demonio invisible que nos hace temblar y caer en parálisis.  Que nos hace suplicar que todo siga cómodamente igual.

En un par de días, hechos que es preciso escudriñar fueron revelando que todo era más un pensamiento ilusorio (“wishflul thinking” le llaman los gringos) que un ecuánime análisis basado en la lectura de la realidad.  Un anhelo para mantener los privilegios de un modelo energético concentrado, sin competencia, con altas utilidades y sustentado en un extractivismo desbocado.  Un modelo solo posible en un planeta inagotable. Que por cierto no es el nuestro.

Hoy, a años luz (nunca mejor dicho) de que HidroAysén y Energía Austral puedan algún día concretar sus proyectos, no solo no se cortará la luz porque no hay déficit energético sino que estamos en proceso de exportación a Argentina desde el SING, que junto al SIC pronto debiera constituir un solo sistema eléctrico nacional.

Un reciente informe liderado por el propio ministerio de Energía –en colaboración con el gobierno alemán y la asesoría de la Agencia Internacional de Energía- constató que las ERNC podrían ya tener una penetración de un 40 % bajo las condiciones actuales de la matriz y actuar en forma eficiente.  El documento, denominado “Una mirada participativa del rol y los impactos de las energías renovables en la matriz eléctrica futura”, dio cuenta que con el sistema vigente se podría llegar a un 68 % de energías renovables. Más aún, el jefe de la División de Energías Renovables del ministerio Cristián Santana señaló que el informe “refuta el argumento que han dado algunos actores de que es necesario y urgente desarrollar grandes proyectos de energía de base para apoyar la operación de las ERNC”.

Y fue el resultado de la licitación eléctrica anunciado la semana pasada lo que terminó por echar por tierra el futuro escrito en piedra que los gurús de la economía y el desarrollismo nos vendieron durante años.  Ese que decía que cuidar los ecosistemas es económicamente menos viable que arrasar con todo.

Se ha dicho. Fueron las ERNC las grandes ganadoras del proceso.  Se llevaron más del 50 % del total de la licitación, con precios que colaboraron a alcanzar un promedio de U$ 47,5 por MWh, esto es un 40 % más bajo que los US$ 79,3 por MWh logrados en 2015.  Una referencia: en 2013 el costo promedio fue de U$ 135,92 por MWh (un tercio del actual). Todo esto, han expresado las autoridades, permitirá rebajar a partir de 2021 un 20 % de la tarifa al usuario final.  En palabras del director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, esto se debe, además de ciertos cambios regulatorios y la mayor competencia incorporada al sector, “a que las tecnologías que utilizan las ERNC se han ido abaratando”. Algo que desde la sociedad civil se venía afirmando desde hace años: ¿para qué amarrarnos con alternativas obsoletas, de alto impacto  e irreversibles como los grandes embalses, cuando hay opciones sustentables que en el futuro incluso serán más económicas?

Por último el propio Finat ha confirmado que “la licitación permitirá un mayor ingreso de las ERNC a la matriz. Podemos estar seguros de que la Ley 20/25 se cumpliría para el año 2020, al menos cinco años antes del objetivo de la ley”.

En cinco años, lo que nos dijeron, lo que afirmaron, no se cumplió.

Hoy vienen nuevamente.  Esta vez a decirnos que la discusión sobre la matriz energética debe fundarse en el mercado, en el negocio.  Donde esencial es que un tercero genere lo que otro comprará.

Sin embargo, desde un enfoque de derechos, lo realmente importante es el acceso a la energía, hacia lo cual se puede avanzar mediante reducción de la necesidad, ahorro o eficiencia energética. Y, por cierto, autogeneración.  El mercado es una opción legítima, pero solo una.  Porque al poner por delante estos principios se abre un abanico de posibilidades donde las generadoras son solo una alternativa particular y limitada para avanzar en la autonomía energética, la seguridad, la sustentabilidad, que debe ser el objetivo principal.  Democratizar la riqueza de la energía, hasta ayer en pocas manos.

Qué decir de la otra revelación que hoy nos lanzan, apuntando a que la única opción es la mega hidroelectricidad, cuando la alternativa sigue siendo una matriz diversificada y con menores impactos sociales y ambientales, donde la hidroelectricidad pueda tener un espacio, pero supeditado al país responsable que debemos construir para nosotros y los que vienen.  Porque, como bien se sabe, represar un río nunca será sustentable.

Ellos vienen nuevamente. Los mismos que te susurraron hace cinco años atrás. Y tú hoy,  ¿les creerás una vez más?

Publicación original: http://www.eldivisadero.cl/redac-39514

Crisis de financiamiento de la Comisión Interamericana impactará en la protección de derechos humanos en la región

- Entre los efectos más graves e inmediatos están la suspensión de todas las visitas oficiales de comisionados a países este año, de las audiencias programadas para julio y octubre próximos, y la reducción de en un 40% al personal que trabaja en este sistema de protección de derechos humanos.

- El organismo esta semana se encuentra desarrollando su 158° Período Extraordinario de Sesiones en la capital chilena y hoy se reunirá en forma interna para evaluar la situación por la que atraviesa el organismo.

En conferencia de prensa realizada esta mañana, representantes de organizaciones de derechos humanos de distintos países de la región dieron a conocer la declaración pública en que un centenar de organizaciones de América Latina y Europa, además de personas de diversas nacionalidades, exigen a los Estados establecer un fondo de emergencia para revertir la crisis por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la más grave desde su creación, he hicieron un llamado a adoptar medidas concretas que garanticen su funcionamiento.

Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, hizo hincapié en que “esta crisis no es tan solo financiera, sino fundamentalmente política, lo que en definitiva vulneraliza un elemento fundamental de la democracia, que la defensa de los derechos humanos. Esta es una acción concertada de algunos estados en respuesta a la eficacia de este sistema, que ha puesto en cuestión el modelo neoliberal y extractivo que se ha instalado en nuestros estados, precisamente por su impacto en estos derechos”, señaló. 

“La CIDH ha sido clave en la transición democrática de los países de la región tras las dictaduras, concitando gran respaldo de los estados, pero la actitud cambia cuando hablamos de la industria extractiva y los impactos en las comunidades, retirando sus aportes y sumiendo a la Comisión en la actual crisis. La esencia de los estados es la protección de los derechos humanos, por lo que no es pensable ni admisible que un estado republicano que no cuente ni sustente esta garantía”, añadió la abogada.

Por su parte María José Veramendi, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que la suspensión de fondos de la cooperación internacional, principalmente europea, “llevará a la desarticulación de grupos con labores específicas, como el que tiene a su cargo la determinación de medidas cautelares”. Agregando es “inaceptable que los Estados no quieran financiar un sistema que ellos mismos crearon. Hoy solo 6% del presupuesto de la OEA es destinado a este sistema de protección. Pero mientras tanto encontramos soluciones estables en el tiempo, hay que adoptar medidas de solución urgentes, y en ello está la necesidad de fondos de emergencia”, planteó.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina aclaró que “si bien esta no es la primera crisis de la CIDH, es sin duda la más grave”, poniendo en riesgo el rol fundamental que ésta ha desempeñado “en contextos de dictadura, donde sentencias como la del caso Operación Cóndor de hace algunas semanas, no habría sido posible sin sentencia de Barrios Altos referida a la ley de amnistía. Así como en una amplia agenda de temas en materia de libertad de expresión, migraciones, pueblos indígenas, en los que sigue siendo una institución fundamental para para el ejercicio de derechos”.

“Esta crisis no habla bien de los estados de la región, pues los aportes que entregan son ínfimos y hacen que en definitiva ésta dependa de organismos internacionales o entidades Europa. Lo que debe ser puesto en discusión. Una comisión debilitada, no es bueno para los pueblos de la región y sus derechos humanos. Los estados deben decir de una vez si están de acuerdo en sostener o no el funcionamiento del sistema. Mientras tanto, como organizaciones estaremos en un estado de movilización permanente”, aseguró.

En la misma línea, Raphaela Lopes, miembro de Justicia Global de Brasil, recordó que como organización han “recurrido en forma reiterada ante la CIDH para defender derechos de comunidades y nuestros pueblos afectados. Y algo que nos preocupa en el contexto actual de Brasil, con un golpe dado por las fuerzas conservadoras y una presidencia temporaria que es representante de grupos de grandes empresarios y de violadores de derechos humanos, es que se agudice la trasgresión de estos derechos, sin un sistema regional de protección fuerte que los reguarde”, recalcó.

En cuanto a la verificación de los daños en las personas vulneradas en su dignidad y derechos, que ha sido uno de los principales aportes del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) de Chile, “no solo de torturas durante dictadura sino también en el marco de las protestas sociales que actualmente se levantan en Chile, su director ejecutivo, José Miguel Guzmán, relevó que “los medios de comunicación tienen que cumplir el rol de dar a conocer esta situación, que ha nuestro entender es gravísimo”, alertando a la ciudadanía sobre los riesgos de perder estas instancias internacionales de protección.

Finalmente, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano afirmó que si bien Bachelet manifestó el compromiso de Chile de cumplir con sus aportes a la Comisión, los que viene reduciendo respecto a años anteriores (a la mitad el 2015, respecto de 2014), esto no es suficiente, “y se debe buscar un mecanismo permanente de financiamiento”. Indicando que “Chile no solo tiene un déficit de carácter financiero respecto a este sistema de protección, sino también con las sentencias de la Corte interamericana a las que no ha dado cumplimiento. Por lo que esta disminución en sus aportes, es también consistente con esta actitud tibia del estado respecto de las condenas que ha recibido de parte de este organismo por vulnerar derechos humanos”. 

La declaración fue entregada en Chile al Presidente de la CIDH, James Cavallaro, así como al ministro de Relaciones Exteriores chileno, canciller Heraldo Muñoz.

Ver Declaración Pública que afecta a CIDH.