Crisis de financiamiento de la Comisión Interamericana impactará en la protección de derechos humanos en la región

- Entre los efectos más graves e inmediatos están la suspensión de todas las visitas oficiales de comisionados a países este año, de las audiencias programadas para julio y octubre próximos, y la reducción de en un 40% al personal que trabaja en este sistema de protección de derechos humanos.

- El organismo esta semana se encuentra desarrollando su 158° Período Extraordinario de Sesiones en la capital chilena y hoy se reunirá en forma interna para evaluar la situación por la que atraviesa el organismo.

En conferencia de prensa realizada esta mañana, representantes de organizaciones de derechos humanos de distintos países de la región dieron a conocer la declaración pública en que un centenar de organizaciones de América Latina y Europa, además de personas de diversas nacionalidades, exigen a los Estados establecer un fondo de emergencia para revertir la crisis por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la más grave desde su creación, he hicieron un llamado a adoptar medidas concretas que garanticen su funcionamiento.

Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, hizo hincapié en que “esta crisis no es tan solo financiera, sino fundamentalmente política, lo que en definitiva vulneraliza un elemento fundamental de la democracia, que la defensa de los derechos humanos. Esta es una acción concertada de algunos estados en respuesta a la eficacia de este sistema, que ha puesto en cuestión el modelo neoliberal y extractivo que se ha instalado en nuestros estados, precisamente por su impacto en estos derechos”, señaló. 

“La CIDH ha sido clave en la transición democrática de los países de la región tras las dictaduras, concitando gran respaldo de los estados, pero la actitud cambia cuando hablamos de la industria extractiva y los impactos en las comunidades, retirando sus aportes y sumiendo a la Comisión en la actual crisis. La esencia de los estados es la protección de los derechos humanos, por lo que no es pensable ni admisible que un estado republicano que no cuente ni sustente esta garantía”, añadió la abogada.

Por su parte María José Veramendi, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que la suspensión de fondos de la cooperación internacional, principalmente europea, “llevará a la desarticulación de grupos con labores específicas, como el que tiene a su cargo la determinación de medidas cautelares”. Agregando es “inaceptable que los Estados no quieran financiar un sistema que ellos mismos crearon. Hoy solo 6% del presupuesto de la OEA es destinado a este sistema de protección. Pero mientras tanto encontramos soluciones estables en el tiempo, hay que adoptar medidas de solución urgentes, y en ello está la necesidad de fondos de emergencia”, planteó.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina aclaró que “si bien esta no es la primera crisis de la CIDH, es sin duda la más grave”, poniendo en riesgo el rol fundamental que ésta ha desempeñado “en contextos de dictadura, donde sentencias como la del caso Operación Cóndor de hace algunas semanas, no habría sido posible sin sentencia de Barrios Altos referida a la ley de amnistía. Así como en una amplia agenda de temas en materia de libertad de expresión, migraciones, pueblos indígenas, en los que sigue siendo una institución fundamental para para el ejercicio de derechos”.
“Esta crisis no habla bien de los estados de la región, pues los aportes que entregan son ínfimos y hacen que en definitiva ésta dependa de organismos internacionales o entidades Europa. Lo que debe ser puesto en discusión. Una comisión debilitada, no es bueno para los pueblos de la región y sus derechos humanos. Los estados deben decir de una vez si están de acuerdo en sostener o no el funcionamiento del sistema. Mientras tanto, como organizaciones estaremos en un estado de movilización permanente”, aseguró.

En la misma línea, Raphaela Lopes, miembro de Justicia Global de Brasil, recordó que como organización han “recurrido en forma reiterada ante la CIDH para defender derechos de comunidades y nuestros pueblos afectados. Y algo que nos preocupa en el contexto actual de Brasil, con un golpe dado por las fuerzas conservadoras y una presidencia temporaria que es representante de grupos de grandes empresarios y de violadores de derechos humanos, es que se agudice la trasgresión de estos derechos, sin un sistema regional de protección fuerte que los reguarde”, recalcó.

En cuanto a la verificación de los daños en las personas vulneradas en su dignidad y derechos, que ha sido uno de los principales aportes del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) de Chile, “no solo de torturas durante dictadura sino también en el marco de las protestas sociales que actualmente se levantan en Chile, su director ejecutivo, José Miguel Guzmán, relevó que “los medios de comunicación tienen que cumplir el rol de dar a conocer esta situación, que ha nuestro entender es gravísimo”, alertando a la ciudadanía sobre los riesgos de perder estas instancias internacionales de protección.

Finalmente, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano afirmó que si bien Bachelet manifestó el compromiso de Chile de cumplir con sus aportes a la Comisión, los que viene reduciendo respecto a años anteriores (a la mitad el 2015, respecto de 2014), esto no es suficiente, “y se debe buscar un mecanismo permanente de financiamiento”. Indicando que “Chile no solo tiene un déficit de carácter financiero respecto a este sistema de protección, sino también con las sentencias de la Corte interamericana a las que no ha dado cumplimiento. Por lo que esta disminución en sus aportes, es también consistente con esta actitud tibia del estado respecto de las condenas que ha recibido de parte de este organismo por vulnerar derechos humanos”. 

La declaración fue entregada en Chile al Presidente de la CIDH, James Cavallaro, así como al ministro de Relaciones Exteriores chileno, canciller Heraldo Muñoz.

Ver Declaración Pública que afecta a CIDH.

Quintero-Puchuncaví: Más de 400 millones invertidos en Zonas de Sacrificio en jaque por pérdida de confianza entre Ministerio de Medio Ambiente y comunidad


El comportamiento del Ministerio de Medio Ambiente con respecto al cuestionado proyecto El Alto, en los Acantilados de la Quirilluca, ha llevado a los consejeros del Consejo para la Restauración Ambiental y Social (CRAS) de Quintero y Puchuncaví a congelar su participación hasta que se den las condiciones para que el Ministerio respete sus propios estudios.

¿De que sirve trabajar dos años en el CRAS con Seremis, Alcaldes, empresas y sociedad civil para elaborar un estudio para la Seremía de Medio Ambiente, si es el propio Ministerio quien después no defiende sus propios estudios? Con estas palabras comienza la carta de congelamiento enviada al Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier de los consejeros de la sociedad civil del CRAS de Quintero y Puchuncaví.

El motivo de este congelamiento nace porque el  Ministerio de Medio Ambiente abría desestimado los estudios realizados por la Seremia de Medio Ambiente con financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso que buscan conservar los sitios prioritarios de “Acantilados de la Quirilluca”, “Dunas de Ritoque”, “Humedal de Mantagua” y “Humedal de Campiche”, apoyando el el polémico Proyecto Inmobiliario “El Alto” que se pretende emplazar dentro del Sitio Prioritario para la conservación Acantilados de la Quirilluca, el que ha sido altamente cuestionado en los medios por presunto lobby.

El proyecto presentado por la Inmobiliaria Don Lionel Bastías y desarrollado por la empresa Banmerchant donde el Socio, Director y Gerente Inmobiliario el Sr. Fco Walker, hermano del senador por la zona el Sr. Ignacio Walker, fue rechazado en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso por presentar diferencias significativas tanto en su línea de base como en las propuesta de conservación en comparación con los estudios realizados por la Seremi de Medio Ambiente, a lo que la inmobiliaria ingresó su Recurso de Reclamación ante el Comité de Ministros. 

Ante esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente se pronunció a favor del polémico proyecto El Alto, justificando su pronunciamiento favorable basando su argumento en que el titular habría estudiado el área de influencia mientras que los estudios de la Seremi de Medio Ambiente estudió levantó cuatro sitios distintos por lo que estos no serían comparables, desestimando así los esfuerzos de la Seremía de Medio Ambiente en toda la región y yendo totalmente contrario a los programas priorizados por el CRAS.

El presidente de Chinchimén y miembro del CRAS, Javier Trivelli manifestó su descontento con el Ministerio de Medio Ambiente por el trato que este ha dado a las comunas de Puchuncaví y Quintero. “Nosotros estamos muy molestos con el Ministerio, porque el Gobierno Regional invirtió junto a la Seremi de Medio Ambiente 80 millones para levantar la línea de base de los Sitios Prioritarios en cuestión y el Ministerio ya ha invertido más de 325 millones en la elaboración del Programa para la Recuperación Ambiental y Social, es decir al Ministerio le da lo mismo, echar por la borda más de 400 millones destinados a cumplir el programa de Gobierno y todo por apoyar un proyecto inmobiliario altamente cuestionado por presunto lobby de políticos en la Región y quienes se ven afectados somos quienes vivimos en las zonas de Sacrificio”.

Carolina Orellana, representante de la Casa de la Mujer de Quintero y miembro del CRAS expone que le “preocupa muchísimo que el Ministerio haya desestimado los estudios de la Seremi de Medio Ambiente y eso no hace principalmente desconfiar luego de dos años de estar sentados en el CRAS, sentimos que nuestra opinión voz y valor como seres humanos no vale de nade y lo que es mucho más importante el lobby y los intereses económicos que puedan estar vinculados en estas decisiones y nos parece lamentable y una vergüenza. Debemos tener la conciencia de poder cuidar lo poco que nos va quedando en esta zona de sacrificio y estos sitios de alto valor para la conservación son importante para las comunidades y exigimos que esto se cuide de parte del Ministerio.