La Constitución Chilena de 1980 está fundamentalmente construida bajo dos principios rectores: el de Subsidiariedad y el de Libertad de Emprendimiento.
Por: Rodrigo Meza, Ingeniero Civil.
El Principio de Subsidiariedad es responsabilidad del sector gremialista que participó en la elaboración de dicha Constitución, y corresponde a un principio de la doctrina social de la iglesia, según lo documenta Carl Bauer en su interesante artículo sobre el origen de nuestra Constitución. Bajo este principio, Bauer indica que se buscaba generar una sociedad estructurada bajo la base de un mosaico de “grupos intermedios” despolitizados, puentes entre el individuo y el Estado. El objetivo de este principio es resguardar la autonomía de estos grupos intermedios o “sociedad civil” de la interferencia del Estado, dentro de los cuales se consideraron a los sindicatos, asociaciones comerciales y profesionales, universidades, asociaciones comunitarias, las iglesias, etc.
Debido a este principio, el Estado entrega un marco regulatorio, recursos y materiales a la sociedad civil para realizar sus actividades particulares, reduciendo al mínimo su injerencia en las decisiones de los particulares y, por lo tanto, sus atribuciones para fiscalizar y controlar deben mantenerse reducidas. En síntesis, este principio debería entregar una gran responsabilidad a la sociedad civil, ya que sería su misión fundar colegios, construir carreteras, decidir sobre sus inversiones (p.ej. ubicación de termoeléctricas).
De acuerdo a la construcción institucional impuesta a Chile durante la dictadura, queda en manos del poder judicial zanjar los conflictos surgidos en la relaciones de los actores sociales, no obstante, las leyes que enmarcan el proceder de los tribunales proceden en gran medida del Presidente de la República (Poder Ejecutivo) y, en menor medida, del Poder Legislativo. La iniciativa de ley de la sociedad civil es, en términos prácticos, prácticamente nula. En este sentido, si bien la Constitución pone gran responsabilidad de autodeterminación en la sociedad civil, esta solo puede hacerlo bajo los parámetros que establezca el Estado.
¿No resulta esto contradictorio?
La respuesta es no, si lo vemos desde el punto de vista del sector neoliberal que participó en la elaboración de nuestra Constitución. De acuerdo a Bauer, nuestro diseño institucional está pensado para estimular una economía de libre mercado, pues amplía los derechos y las libertades económicas privadas, restringiendo fuertemente la actividad económica y regulatoria del Estado, reforzando el poder de tribunales para hacer cumplir estos principios. Se trata de lo que llamé el Principio de Libre Emprendimiento, tan defendido por la senadora designada Ena Von Baer y parte de su sector. Si el diseño institucional de la Constitución de 1980 hubiese dado potestades a la sociedad civil para regular la iniciativa privada, entonces se violaría el Principio de Libre Emprendimiento. Para estimular la iniciativa privada, el Estado entrega toda clase de recursos públicos a la sociedad civil, los que se traducen en incentivos económicos a la inversión, subsidios a la infraestructura, aporte estatal a la educación, estudios de mercados, monitoreo de variables meteorológicas, etc. La variedad es infinita.
Claramente estamos en “un zapato chino”, ya que hoy nos representan en el gobierno ambos sectores, el gremialista (principalmente la UDI) y el neoliberal (principalmente RN) que participaron en la elaboración de nuestra Constitución. Es evidente que existen muchos desacuerdos entre ambos partidos o doctrinas de pensamiento pero en lo expuesto aquí, el conflicto fundamental se puede resumir en: fortalecemos al Estado, en desmedro del Principio Subsidiario, o fortalecemos a la sociedad civil, en desmedro de la Libertad de Emprendimiento.
Somos un país que se jacta de estar rumbo al desarrollo, pero nos sostenemos en base a exportar recursos naturales poco elaborados y con enorme impacto ambiental no internalizado; tenemos múltiples tratados de libre comercio mientras los productores locales sobreviven en medio de exportaciones e importaciones; tenemos reservas para hacer presupuestos nacionales contracíclicos y cifras macroeconómicas envidiables, pero no podemos financiar una educación de calidad. En resumen, nuestro desarrollo se levanta sobre los hombros de los oprimidos, parafraseando a Walter Benjamin. Y todo gracias a nuestro marco político, legal e institucional, producto de esta Constitución ilegítima.
Estos temas, que si bien pueden sonar filosóficos o subjetivos, son la piedra fundamental que define nuestro arreglo social, económico y político. Así que la pregunta que corresponde hacerse es ¿Qué hacemos entonces para salir de este punto muerto?
Mi propuesta es incorporar el Principio Democrático como un tercer pilar de nuestra Constitución (abierta la convocatoria a nuevos pilares fundacionales). Debido a que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en lo que queremos como país, debemos incorporar toda la diversidad que existe en una sola carta fundamental. Si los principios de Subsidiariedad y Libre Emprendimiento han de estar en la Constitución, estos deberían estar sujetos al Principio Democrático. Este principio es el único que no se ha respetado hasta hoy, pues corresponde al que debería legitimar nuestra Constitución y así limitar adecuadamente la acción del poder.
En otro artículo señalé que el problema más grave que tenemos hoy es el de legitimidad, pues, en general, la gran mayoría que protesta en las calles o desde otros frentes no le cree al sistema político y económico, sustentado por nuestra actual Constitución.
El Principio Democrático debería traducirse en una serie de instrumentos e instancias en las cuales la sociedad civil puede intervenir y decidir respecto a aquello que le afecte, lo cual incluye restringir la Libertad de Emprendimiento cuando un proyecto particular no esté en armonía con lo que una comunidad quiere para el lugar donde habita. También debería incluir la posibilidad de participar en la elaboración del marco regulatorio del país, aumentando sus propias atribuciones para fiscalizar, denunciar e incluso sancionar el accionar de particulares o del Estado. Estas son algunas ideas, pero las posibilidades son las que queramos como sociedad y la invitación es a pensar y a movilizarse.
Esta discusión involucra también una invitación para que aquellos que no se han inscrito. Si en las próximas elecciones no observamos una masiva inscripción electoral, entonces tendremos que asumir que Chile no merece salir del atasco en que se encuentra. Si no vemos a la gente participando, pese a la precariedad de sus situaciones particulares, entonces no creo que seamos capaces de legitimar el movimiento social que inunda nuestras calles.
Creo que el análisis anterior es muy útil y estoy de acuerdo con las metas sugeridas; sin embargo creo que hay por lo menos una omisión importante necesaria de mencionar para tener una visión realista del ámbito nacional en el cual se desenvuelve el tema. Cuando hablamos de gobierno y de economía hablamos de poder y control; económico, militar, cultural, etc , y en Chile así como en numerosas instancias del siglo XX se libró una batalla por establecer si la concentración de la riqueza y la usura eran los ejes de la sociedad. Sabemos que la guerra la ganaron quienes sustentaban estos dos pilares de manejo de poder y quienes tienen numerosos eufemismos y justificaciones religiosas oscurantistas para justificar la violencia que se necesitó para instaurar un régimen que institucionalizo estos dos principales ejes económicos para el país. Muchos queremos y hemos trabajado por la existencia de una democracia, pero hoy en día la realidad del significado del término es cuestionable. Por ejemplo: se podría argumentar con hechos que la democracia no es posible bajo el poder y como sirviente de la concentración de la riqueza; más allá de un parlamentarismo irrelevante a las decisiones importantes tomadas a nivel corporativo. ¿Ejemplo? La minería y las decisiones tomadas con el agua de Chile, y la generación de energía en el país; decisiones que están en oposición al interés mayoritario nacional pero que las elites económicas nacionales e internacionales deciden por la ciudadanía chilena por encima de un proceso democrático.
ResponderEliminarObviamente si unos individuos que llegan al poder por medios brutales se atribuyen la sabiduría iluminada de redactar la constitución de un país a nombre de la otra gran mayoría del país no es de extrañar que la práctica de ese instrumento también apunte a ignorar las opciones que quiera la gran mayoría de una ciudadanía. El Chile medieval del siglo XXI.