Fraude eléctrico

Columna de Mauricio Daza, abogado y asesor legislativo, publicada el 02 de julio en The Clinic.


Las diferencias políticas manifestadas durante las últimas semanas entre los dos ejes dominantes de la política chilena, concertación y derecha, desaparecen en el Congreso cuando se trata de viabilizar una iniciativa legislativa que tiene por finalidad beneficiar directamente a los dos grupos económicos que tienen capturado el mercado eléctrico, y que se benefician de uno de los negocios más rentables que existe en Chile.

Quienes se dedican al negocio de instalar y operar plantas de generación de electricidad se han enfrentado a la dificultad de poder contar con líneas de transmisión a fin de trasladar su producción a los puntos de consumo. Lo anterior, ya que no sólo se deben enfrentar a los propietarios de los predios sobre los cuales se proyecta la construcción de tales líneas, sino que además en muchas oportunidades deben superar el problema que les representa la existencia de predios donde viven comunidades indígenas, o que tienen el carácter de reservas naturales protegidas. De esta forma, se encuentran obligados a asumir los costos de considerar otros trazados que eviten pasar por esos terrenos, o derechamente tener que enfrentar procesos judiciales iniciados los titulares de derechos afectados por tales proyectos, muchos de los cuales han tenido resultados negativos para las eléctricas. Este “problema” se hace especialmente patente en el caso del trazado de la línea de transmisión del proyecto Hidroaysen, cuya extensión supera los dos mil kilómetros, y el cual tendrá que pasar por parques nacionales y tierras indígenas.

Para resolverles el problema a las eléctricas, y de paso terminar con el estado de “inviabilidad” en que se encuentra Hidroaysén, el Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto sobre “concesiones eléctricas” por medio del cual se pretende otorgar una vía express para la tramitación de permisos vinculados con la construcción de líneas de transmisión, poniendo el interés de las empresas por sobre la efectiva protección de los derechos de las personas y comunidades afectadas. A fin de garantizar su aprobación, se llegó a un insólito acuerdo transversal para hacer que este proyecto pase lo mas rápido que se pueda por el Congreso, el cual fue negociado por los senadores Jaime Orpis (UDI) y Ximena Rincón (DC) y al cual concurrieron la totalidad de senadores de la UDI, el 90% de los senadores RN, la totalidad de los senadores DC, y la senador Isabel Allende del PS.

Pero en este punto surge el problema político de hacer “presentable” en época de elecciones algo que atenta directamente en contra del interés general, a fin de favorecer a las eléctricas. Es aquí donde surge este verdadero “fraude” en toda su expresión: se pretende señalar públicamente por quienes están detrás de esta operación política que lo que se busca es precisamente lo contrario al efecto que producirá esta ley, bajo la misma lógica orwelliana expresada en “1984”, cuando se llama ministerio del amor precisamente a aquel encargado de torturar a los ciudadanos.

Se afirma que si no se obtienen concesiones rápidas y a cualquier costo entonces corremos el riesgo de un apagón general por falta de energía, lo que es una disyuntiva falsa, ya que se puede garantizar una generación suficiente, aprovechando el potencial de energías renovables no convencionales, generadas por actores distintos a los que hoy controlan el mercado, por medio de centrales ubicadas cerca de los centros de consumo, todo lo cual excluye la necesidad de hacer múltiples e ineficientes líneas de transmisión de miles de kilómetros y que afectan masivamente derechos de cientos de personas y comunidades. Por ejemplo, sólo en pequeñas centrales hidroeléctricas “de pasada” que no requieren la construcción de represas, hay un potencial identificado de más de 33.000 MW, en comparación con Hidroaysén que ofrecería no más de 2.750 MW. Lo anterior sin perjuicio de nuestro enorme potencial en energía solar, geotérmica, eólica y mareomotriz, entre otras, sumado a políticas de ahorro y eficiencia energética.

Se dice que lo que se busca es beneficiar a las pequeñas y medianas empresas generadoras de electricidad, ya que serían las principales afectadas por los “excesivos” tiempos de tramitación de las concesiones para la construcción de líneas de transmisión, lo que es una burla si se considera que en dicho negocio hoy existen dos mega grupos empresariales que lo manejan casi en su totalidad: Colbún, controlada por la familia Matte, y Endesa, controlada por la italiana Enel, la que además es dueña del 80% de los derechos de agua en el país, los que fueron regalados en el contexto de las privatizaciones abusivas que se realizaron en la dictadura de Pinochet y las cuales nunca fueron revisadas, en virtud de otro “acuerdo” al cual también llegaron dirigentes de la derecha y la concertación para dar “gobernabilidad” en el periodo de la transición.

Se sostiene además que este proyecto respeta los derechos indígenas, ya que alude directamente al convenio 169 de la OIT que obliga a consultar a las comunidades afectadas, pero se omite señalar que su texto establece que dicho proceso se realizará después de aprobada la concesión. Además se afirma que la ley respeta el derecho de cualquier interesado para poder hacer reclamos dentro del proceso de tramitación de una concesión eléctrica, pero se omite decir que se restringe tales alegaciones a cuestiones meramente formales relacionadas con la errónea identificación de los predios sobre los cuales va a pasar un proyecto, ordenando que se rechacen de plano las objeciones fundadas cualquier otro fundamento, como lo sería la afectación de un proyecto turístico, de conservación, o la vulneración de derechos consagrados a los pueblos originarios. Pero lo más impresentable es que se faculta a las empresas eléctricas a que, pagando un determinado valor, puedan sacar sin demora a las comunidades o personas que ocupen los terrenos por donde pase la línea de transmisión y construirla, aún cuando existan reclamos pendientes y en pleno trámite, para lo cual incluso se les garantiza que contarán con la ayuda inmediata de la fuerza pública para desalojar en dicho evento a los afectados.

También señalan quienes están detrás de este fraude que el proyecto de ley cuida el medio ambiente ya que se incorpora un artículo que indica en términos genéricos su pleno respeto, pero omiten decir que por otro lado se establece expresamente que frente a una línea de transmisión presentada por un privado para su aprobación que pase por un parque nacional o alguna otra área de resguardo ambiental, la autoridad no lo puede obligar a considerar un trazado alternativo que no afecte dichas zonas de protección, en un contexto en que se le garantiza a quien pide la concesión que si identificó bien los predios por donde pasará, entonces igual será aprobada.

Sin embargo lo que muestra en toda su expresión la fuerza de los intereses que están detrás de todo esto, es la negativa cerrada de esta insólita alianza entre la derecha y parte importante de la concertación, a discutir la posibilidad de terminar con las concesiones de duración ilimitadas que hoy tienen las empresas eléctricas, no obstante varios senadores han propuesto establecer un límite de 10 años , y cuya renovación requeriría de una licitación publica. Lo anterior, que también fue tema de debate en las concesiones pesqueras de la ley longueira, hoy parece ser un asunto que no puede ser siquiera discutido por el congreso. Sin duda el duopolio eléctrico es mucho más poderoso que las siete familias que controlan los recursos pesqueros que, en rigor, les corresponde a todos los chilenos.

Es hora que en vez de hacerle el juego a dos grupos empresariales privados, se avance de verdad en abrir las puertas de la generación eléctrica a nuevos actores, los cuales además puedan levantar proyectos que hagan rendir el enorme potencial en energías renovables no convencionales que tiene nuestro país, las cuales no despegan sencillamente porque el Estado y gran parte de la clase política ha legislado bajo argumentos engañosos con la finalidad de favorecer el interés particular de dos grandes grupos económicos, que en la práctica manejan el precio de la electricidad en Chile, por sobre el interés general.

La Real Academia Española de la Lengua define “Fraude” como “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. Si quiere ver uno en directo, cometido en contra de los derechos de los ciudadanos, sintonice TV Senado a partir de este 2 de julio.


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