Metales pesados desde Quintero a Maitencillo: el Gobierno al debe

Un aspecto importante a destacar dentro del estudio, es que los mapas de modelación del mismo establecen que las mayores concentraciones de vanadio, níquel y hierro se encuentran en la localidad de Maitencillo, zona que limita al norte con la comuna de Zapallar, donde se encuentra el 80% del Bosque Valdiviano de la Quinta Región. Esta condición limítrofe levanta suspicacias respecto de la presencia de metales pesados en la vecina comuna, los que podrían dañar gravemente su particular vegetación.



Un estudio de suelo realizado en las comunas de Puchuncaví y Quintero, que fue desarrollado por la consultora, PGS Chile, por encargo del Ministerio del Medio Ambiente, arrojó como resultados altos niveles de concentración de metales pesados como cobre, arsénico, mercurio, plomo, cadmio y hierro, los que superan hasta en un 99% los  estándares permitidos por la norma canadiense, medida con la que fueron comparados los resultados, ya que Chile carece de una normativa medioambiental para suelos.

El estudio se enfocó en medir la concentración y distribución espacial de metales potencialmente contaminantes, para lo cual se tomaron un total de 582 muestras, a distintas escalas y en distintos tipos de suelo, a fin de determinar las concentraciones actuales de metales pesados y, además, para determinar los valores que corresponden a las concentraciones naturales o fondo geoquímico de los elementos estudiados, tanto dentro como fuera de la zona de influencia del complejo industrial de Ventanas.

En este contexto, cabría peguntarse a qué se debe que los suelos de Puchuncaví y Quintero presenten tan altos niveles de contaminación, interrogante que han resuelto los propios encargados del estudio, al asegurar que los procesos industriales de la fundición de Cobre de Codelco División Ventanas y las centrales termoeléctricas de la empresa AES Gener serían los responsables.

Lo anterior, luego de determinar que elementos como arsénico, cobre, plomo, molibdeno, cadmio, mercurio y en menor medida el zinc, están correlacionados y se asocian a los procesos de  producción de cobre en Ventanas. En tanto el Selenio y Antimonio también están correlacionados entre sí, los que se asocian al proceso de tratamiento y recuperación de plata, oro, telurio, antimonio y selenio, que se realiza en la planta de Metales Nobles. El vanadio y el hierro, en tanto, se pueden asociar a termoeléctricas de la zona y/o a la Refinería de Petróleo de ENAP ubicada en Concón.

 La percepción comunitaria respecto de las medidas del Gobierno para subsanar los conflictos socioambientales también va en picada. Esto, luego de los 42 mil millones de pesos destinados a las comunas afectadas por el derrame de petróleo, 500 de ellos utilizados en el programa del Servicio Nacional de Turismo “Reencántate con Quintero y Puchuncaví”, dineros que actualmente se encuentran siendo investigados por malversación de fondos públicos.
Este es el escenario de la autodenominada Zona de Sacrificio, donde los resultados de un nuevo estudio vuelven  a comprobar que, desde 1965, con la construcción de la refinería de la entonces Enami, hoy Codelco, y la producción de energía a partir de carbón, como lo son las cuatro termoeléctricas de la empresa de capitales estadounidenses, Aes Gener , se dio comienzo a la contaminación en Puchuncaví, donde la lluvia ácida terminó con la agricultura y la ganadería en una zona que fue principalmente agrícola. Asimismo, los Residuos Industriales Líquidos y las emisiones atmosféricas han contaminado los mares, perjudicando gravemente los recursos bentónicos.

Un aspecto importante a destacar dentro del estudio, es que los mapas de modelación del mismo establecen que las mayores concentraciones de vanadio, níquel y hierro se encuentran en la localidad de Maitencillo, zona que limita al norte con la comuna de Zapallar, donde se encuentra el  80% del Bosque Valdiviano de la Quinta Región.  Esta condición limítrofe levanta suspicacias respecto de la presencia de metales pesados en la vecina comuna, los que podrían dañar gravemente su particular vegetación.

Hoy se hace imprescindible que el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, comience a ejecutar planes de acción con respecto a los datos que ya se manejan, entre ellos, estudios de riesgo, de suelo y de contaminación en las escuelas.

Es de suma urgencia determinar cómo salir de esta problemática que ya en el año 2011 provocó estragos en la Escuela Básica de la Greda, oportunidad en que 20 niños y 7 profesores se intoxicaron con la nube tóxica proveniente de la fundición de cobre de Codelco, lo que generó el cierre del establecimiento educacional, desplazando a sus estudiantes a dos kilómetros de distancia, hasta un nuevo recinto educativo que fue construido con recursos de la cuprífera estatal cercanos a los 2 mil millones de pesos.

Así las cosas, el año 2014, el Ministerio del Medio Ambiente instauró una nueva mesa de trabajo a través del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví, la que –según algunos de sus miembros– avanza “poco y nada”, tanto así que el alcalde de Puchuncaví, Hugo Rojas, mantiene congelada su participación desde enero de 2015 como medida de presión para que la cartera de Medio Ambiente retire el Recurso de Casación en contra del fallo del Tribunal Ambiental que obliga al Misterio a restituir la Norma de Material Particulado PM10 Anual, que fue eliminada durante los últimos meses del Gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe señalar que, actualmente, son 11 las comunas que están declaradas como saturadas por material particulado PM10, entre ellas Quintero y Puchuncaví, razón por la cual, de eliminarse la normativa vigente, todas estas ciudades quedarían en un total desamparo con la consecuente amenaza a la salud de los habitantes de las mismas.

En tanto, al interior del CRAS, hace una semana que la mayoría de los consejeros que representan a la sociedad civil en la mesa de trabajo, pidieron la renuncia de la representante de Codelco, División Ventanas, María Pía Tejos, por sostener que el proyecto Central Termoeléctrica Energía Minera no sería desarrollado, declaración que fue descartada por  el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de un oficio dirigido al alcalde de Puchuncaví, donde se informa el “Inicio de la ejecución del proyecto Central Termoeléctrica Energía Minera”, cuya propuesta consigna el emplazamiento de tres termoeléctricas a carbón en esa comuna, es decir, la empresa cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental vigente para un proyecto que no quieren desarrollar. Raro, por decir lo menos.

En este análisis, la percepción comunitaria respecto de las medidas del Gobierno para subsanar los conflictos socioambientales también va en picada. Esto, luego de los 42 mil millones de pesos destinados a las comunas afectadas por el derrame de petróleo, 500 de ellos utilizados en el programa del Servicio Nacional de Turismo “Reencántate con Quintero y Puchuncaví”, dineros que actualmente se encuentran siendo investigados por malversación de fondos públicos.

Esta situación denota cómo el Gobierno utiliza instrumentos de pacificación social como el CRAS,  por un lado, y por otro, destina recursos en nombre de una situación de crisis cuando es sabido que dichos fondos se encontraban dentro de los planes de descontaminación que se venían anunciando desde el Gobierno anterior.

Cabe preguntarse entonces cómo hacemos para tomarnos en serio y generar soluciones concretas a los problemas ambientales en Quintero y Puchuncaví y cuál es el rol debiera asumir el Estado de Chile con respecto a garantizar al derecho que tenemos todas las personas de vivir en un medioambiente libre de contaminación.

En este sentido, sonaría interesante que el Gobierno pueda establecer un sistema de monitoreo, con generación de indicadores, que permita conocer la efectividad de los planes y programas implantados en ambas comunas. Asimismo, se hace imprescindible la elaboración de estudios que determinen el impacto de la contaminación en la salud de las personas,  el desarrollo y ejecución de proyectos de remediación, la instalación de un sistema de monitoreo continuo para la contaminación en suelo, aire y mar y, así, generar programas desde el Estado, base para determinar la evolución de los mismos.

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