Acaba de trascender que el Presidente de la República Sebastián Piñera, firmó el 20 de julio recién pasado, el Decreto Nº 229, que deroga al decreto Nº 1.026, de 1969, cercenando de un plumazo los derechos de la Municipalidad y de todos los ariqueños, sobre ese recurso hídrico.
Por: José Luis Theiler Pizarro, Ingeniero Agrónomo. 22 de agosto de 2011.
Un reciente decreto de la metrópoli, con la firma del Presidente Sebastián Piñera, despoja a Arica de un importante patrimonio acuífero. Corría el año 1963 y una inquietante sequía afectaba la ciudad. Había cortes
y racionamientos de agua. Para paliar el problema, la Junta de Adelanto, mandó perforar siete pozos en la zona costera al norte del río Lluta. Según informaciones aportadas por el señor Milton Rojas Vergara, las perforaciones entregaron un caudal estimado, en esa época, en 370 litros por segundo. Con el fin de asegurar el futuro suministro de la ciudad, la Junta consiguió que en esa área, que está perfectamente delimitada en el Decreto Nº 1.026 de 1969 firmado por el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva, se le
otorgaran derechos de agua por 200 litros por segundo.
Pasaron los años y con la liquidación de la Junta de Adelanto, todos sus bienes muebles e inmuebles, fueron traspasados a la Municipalidad de Arica, incluidos obviamente los derechos de agua ya indicados. Acaba de trascender que el Presidente de la República Sebastián Piñera, firmó el 20 de julio recién pasado, el Decreto Nº 229, que deroga al decreto Nº 1.026, de 1969, cercenando de un plumazo los derechos de la Municipalidad y de todos los ariqueños, sobre ese recurso hídrico. Las argumentaciones indicadas en la nueva disposición del Gobierno para arrebatarnos este derecho aparecen francamente absurdas. Se sostiene que el volumen del acuífero y la distancia que lo separa de la ciudad, no permitirían su aprovechamiento para el destino previsto; que en el inventario de bienes afectos a la concesión de servicios sanitarios de Arica no se menciona esa reserva de agua, y que éstas no se han utilizado para los fines señalados en el decreto original de 1969.
Se sostiene además que según la información existente, “en algunos sectores” el acuífero contendría más de 250 Mg/l de cloruros (es decir sería salada), y más de 1.000 Mg/l de sólidos disueltos, imponiendo la necesidad de desalinizarla para su empleo potable o agrícola. El geógrafo Alejandro Pavez W. publicó en El Morrocotudo hace ya más de cuatro años, un artículo apuntado que las Aguas de La Concordia como se las
llama, contienen 0,6 Mg/l. de boro, mientras las que actualmente se extraen del rio Lluta y de las cuales bebemos los del sector norte ariqueño, contienen 40 a 46 Mg/l al punto de extracción. Estas aguas son sometidas a un primer tratamiento que reducen el contenido de boro a 20 Mg/l y luego son mezcladas con aguas captadas en la cuenca del río San José para alcanzar el nivel de 6 a 8 Mg/l que es la que bebemos. Apunta el geógrafo Pavez en otro artículo, que las aguas de los pozos del complejo aduanero de Chacalluta son las mejores del norte de Chile, muy distinta a la del Lluta y a las del acuífero de La Yarada (Tacna) que son bastante salobres.
En ese mismo artículo menciona la existencia de un informe que una consultora privada, Ayala & Cabrera, habría producido para la Dirección General de Aguas en 1998, en el cual se sostiene que “el flujo explotable
sería de sólo 71 litros por segundo”, contra los 200 reservados en el decreto de 1969, y los 370 cuantificados con las perforaciones de la Junta de Adelanto de 1963.
Es cierto que ni ésta, ni las precedentes administraciones municipales, nunca hicieron nada para hacer valer los derechos de los ariqueños -que en fin de cuenta son los propietarios- sobre esta fuentes hídricas. Las pocas personas que han llamado la atención, entre las cuales don Milton Rojas y el propio Pavez, no han sido escuchados y se puede decir que “han predicado en el desierto”. Aún considerando las debilidades de la institucionalidad para responder efectivamente a los intereses de la sociedad, creemos que esto no es razón para expropiar a los ariqueños de sus recursos, tanto mas cuando oímos frecuentemente de las dificultades de aprovisionamiento que enfrentaremos en los próximos años. Es imperativo que la actual administración municipal se mueva y haga valer nuestros derechos, cuestionando sobre todo al Gobierno por tomar decisiones sobre un bien que pertenece a toda la ciudad.
¿Qué persigue el decreto del Presidente Piñera?
Si las Aguas de la Concordia son efectivamente salobres y no se pueden ocupar para el consumo humano o el riego. Si el caudal detectado por los consultores Ayala & Cabrera alcanza apenas a 71 litros por segundo. Si estos expertos recomiendan además “no seguir otorgando derechos de agua en esa zona”.
¿Qué se oculta detrás de esta repentina decisión gubernamental sobre un
recurso que ha permanecido durmiendo 40 años sin que nadie se interese en
el?
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