No necesitamos más Pentas para una Asamblea Constituyente

Columna opinión de Camila Vallejo, Diputada.
La verdadera “máquina para defraudar al fisco” que es Penta y su relación directa con la UDI; el inaceptable caso de Caval y el posible tráfico de influencias que encierran las boletas falsas de SQM, han sido los ingredientes que faltaban para profundizar en la opinión pública la sensación de total descrédito de la política, de que todos son iguales, de que da lo mismo si son de izquierda o de derecha.

Desde los tiempos de “los señores políticos”, calificativo con el que el dictador se refería a quienes querían conquistar la democracia, se ha construido en la ciudadanía la idea de que los problemas se resuelven individualmente y de que da lo mismo quien gobierne, pues “igual tengo que trabajar”.


Penta, Caval y SQM, más los casos de arbitrariedades judiciales o de colusiones empresariales, profundizan el descontento de quienes, además, están totalmente desprotegidos por parte del Estado, a la hora  de la garantía de sus derechos fundamentales y sociales.

En este sentido el cumplimiento del programa comprometido con la gente en las elecciones resulta fundamental, tanto para ir recuperando las confianzas como para comenzar a hacernos cargo en serio de la crisis de nuestra institucionalidad. El cambio a la Constitución tiene que volver a ser prioridad en la agenda de Gobierno, y la asamblea constituyente la mejor manera de garantizar que, de una vez por todas, el soberano comience a tomar las riendas de su destino.
Los años de persecución a los movimientos sociales, las leyes que dificultan inmensamente la sindicalización, la privatización de las empresas estratégicas del Estado y la mercantilización de nuestros derechos fundamentales, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de los grupos económicos dominantes, son algunos de los elementos que dan cuenta del avance hegemónico del neoliberalismo en Chile y que han fomentado el perverso fenómeno de despolitización de nuestro país.

El bajo nivel de participación electoral, todavía más evidente desde que existe el voto voluntario, parecía ser la clarinada que se necesitaba para asumir la crisis de representación, pero hay sectores que aún creen que estas cosas se arreglan con acuerdos entre cuatro paredes.

Desde que se desató el Caso Penta, la UDI buscó desesperadamente enlodar a todo el mundo e instalar el empate moral como forma de tapar la flagrante violación de la ley que sistemáticamente cometían muchos de los suyos para financiar sus campañas.

Por eso, luego de ser destapado por un reportaje periodístico, el caso que involucra al hijo de la Presidenta permitió instalar en los medios de prensa la denostable idea de que “todos parecen dispuestos a firmar acuerdos para transparentar la política y la relación entre lo público y lo privado”. No se trata de que no sea importante legislar y perfeccionar los mecanismos de trasparencia pública de las instituciones, regular el financiamiento de la política y poner límites al obsceno gasto electoral, porque efectivamente lo es.

Lo problemático del asunto es que esta agenda impuesta por la coyuntura ataca el síntoma y no la enfermedad, que no es otra cosa que la institucionalidad política que heredamos de la dictadura: el Estado neoliberal.

La Constitución actual y todas las instituciones diseñadas para sostener el modelo, este sistema económico depredador de los recursos naturales y explotador de los trabajadores y trabajadoras de Chile, transformaron a la política en un espacio reservado para algunos, donde realizar cambios de fondo se transforma en una tarea titánica.

La Nueva Mayoría nació justamente con el objetivo de terminar con esos grandes candados, para lo que hemos dado pasos importantes, pero sabemos que queda mucho por hacer.

En este sentido el cumplimiento del programa comprometido con la gente en las elecciones resulta fundamental, tanto para ir recuperando las confianzas como para comenzar a hacernos cargo en serio de la crisis de nuestra institucionalidad. El cambio a la Constitución tiene que volver a ser prioridad en la agenda de Gobierno, y la asamblea constituyente la mejor manera de garantizar que, de una vez por todas, el soberano comience a tomar las riendas de su destino.

Pero el cumplimiento del programa no puede ser sólo tarea de la Nueva Mayoría o un grupo de iluminados. Si como ciudadanía en su conjunto no asumimos políticamente el problema, caeremos en el camino fácil de la crítica estética del que dice que todos son iguales, menos “nosotros”, sin que esto se traduzca en empujar y hacernos parte de la realización de cambios sustantivos para nuestra sociedad. Por esto, el proceso constituyente no sólo debe volver a ser prioridad, sino una tarea de todos y todas.

1 comentario:

  1. excelente diputada !! inteligente, veraz y sencilla.

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