La Coordinadora de Demandantes del Caso
de los Desechos Mineros en el sector de los Altos de Copaquilla y los
Movimientos Ambientales y Sociales de Arica, manifestamos nuestro total Rechazo
al Fallo emitido por el 2do Tribunal Ambiental de Santiago del 10 de Abril del
2015, ya que lo consideramos injusto, y ratificamos la responsabilidad por daño
Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente por la omisión, en No adoptar las
medidas tendientes a evitar la afectación del suelo y de los recursos hídricos
y el consiguiente riesgo para la salud de la población de la comunidad de la región,
derivado de los desechos mineros contaminados dejados por la empresa Promel,
lamentamos que los antecedentes e informes entregados por la comunidad
organizada no fueran lo suficientes para acreditar el daño ambiental.
Consideramos que el Tribunal
Ambiental debió privilegiar el bien común de la comunidad, mas aún cuando la
parte contraria, Ministerio del Medio Ambiente y Consejo de Defensa del Estado
no pudieron acreditar el NO daño ambiental, ya que muchos de sus estudios e
informes realizados durante todo este tiempo por los diferentes órganos
públicos involucrados en el conflicto ambiental fueron disímiles,
contradictorios y poco claros.
Esta situación constata la asimetría
que existe en estos procesos judiciales ambientales, entre el Ministerio del
Medio Ambiente, defendido por el Consejo de Defensa del Estado-CDE, versus la
comunidad organizada de la ciudad de Arica, ya que todo el peso o carga de la
prueba la tiene la comunidad afectada. Esta asimetría se manifiesta también en
los recursos económicos que disponen las partes involucradas, mientras el Ministerio
del Medio Ambiente dispone de recursos de todos los chilenos, la comunidad
organizada solo cuenta con sus recursos propios, para poder defender su derecho
a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, su derecho a la
protección a la salud de la poblacion, la calidad del agua potable y a su
derecho a la vida.
El tribunal ambiental reconoce una
responsabilidad administrativa a las autoridades
regionales y nacionales involucrados, debido a que frente a la multiplicidad de
iniciativas públicas concluidas sin resultados efectivos, y la persistente
indefinición de roles y responsabilidades concretas, no solo de coordinación
entre los distintos servicios, sino sobre todo, de asignación, ejecución y
evaluación de las medidas propuestas NO pudieron dar solución y respuesta a la
legítima demanda ciudadana. La “Comisión Copaquilla” creada el año 2009
conformada por órganos públicos y autoridades regionales, cuyo objetivo era
realizar un perfil para un estudio de caracterización de matrices ambientales
en el sector de Copaquilla para verificar si los desechos mineros dejados en el
lugar habían afectado a los ecosistemas del lugar, de manera de establecer medidas de mitigación y
remediación, esta siendo objeto de Fiscalización por parte de la Contraloría de
la región para establecer responsabilidades administrativa por incumplimiento
al objetivo de esta comisión y a la Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, ya que hasta hoy no se ha cumplido,
confirmando la poca Eficacia, eficiencia y coordinación que tuvieron los
órganos públicos involucrados en esta contaminación ambiental.
El tribunal evidencia la poca Voluntad
Política para atender a las
diferentes manifestaciones de la marcada inquietud ciudadana, local, regional y
nacional que, a lo largo de más de veinticinco años, ha dado lugar a
múltiples interpelaciones y requerimientos a todas las instancias
administrativas y políticas de la región y del país, sin haber
recibido nunca una respuesta ni completa ni satisfactoria a la legitima
inquietud ciudadana.
Es importante establecer que el Tribunal Ambiental reconoce
la potenciabilidad de contaminación que representan estos desechos mineros y
hace un llamado a las autoridades administrativas y políticas regionales para que
adopten medidas urgentes
conducentes tanto a la coordinación de las iniciativas sectoriales como
especialmente a la ejecución inmediata de las medidas identificadas en el
fallo, debido a que esta prolongada situación en los Altos de
Copaquilla de abandono de residuos minerales, es un grave peligro de
toxicidad,
Es importante valorar el coraje y
empoderamiento de la comunidad organizada, a significado un avance sustantivo en
la defensa del derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, a la
defensa de la salud de la población, a la calidad del Agua Potable y a su
derecho a la vida, este proceso judicial ha servido para acceder a documentos y
testimonios valiosos para demostrar el impacto nocivo de estos desechos mineros
y también para demostrar la precariedad e insuficiencia de la actual
institucionalidad ambiental y además de poder evidenciar la incapacidad
institucional a la grave contaminación que representan estos desechos mineros y
que las autoridades administrativas regional y nacional no han podido
solucionar hasta el momento.
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