Ciudadanía Emite Declaración Pública por Desechos Mineros en el sector de los Altos de Copaquilla

La Coordinadora de Demandantes del Caso de los Desechos Mineros en el sector de los Altos de Copaquilla y los Movimientos Ambientales y Sociales de Arica, manifestamos nuestro total Rechazo al Fallo emitido por el 2do Tribunal Ambiental de Santiago del 10 de Abril del 2015, ya que lo consideramos injusto, y ratificamos la responsabilidad por daño Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente por la omisión, en No adoptar las medidas tendientes a evitar la afectación del suelo y de los recursos hídricos y el consiguiente riesgo para la salud de la población de la comunidad de la región, derivado de los desechos mineros contaminados dejados por la empresa Promel, lamentamos que los antecedentes e informes entregados por la comunidad organizada no fueran lo suficientes para acreditar el daño ambiental.

Consideramos que el Tribunal Ambiental debió privilegiar el bien común de la comunidad, mas aún cuando la parte contraria, Ministerio del Medio Ambiente y Consejo de Defensa del Estado no pudieron acreditar el NO daño ambiental, ya que muchos de sus estudios e informes realizados durante todo este tiempo por los diferentes órganos públicos involucrados en el conflicto ambiental fueron disímiles, contradictorios y poco claros.

Esta situación constata la asimetría que existe en estos procesos judiciales ambientales, entre el Ministerio del Medio Ambiente, defendido por el Consejo de Defensa del Estado-CDE, versus la comunidad organizada de la ciudad de Arica, ya que todo el peso o carga de la prueba la tiene la comunidad afectada. Esta asimetría se manifiesta también en los recursos económicos que disponen las partes involucradas, mientras el Ministerio del Medio Ambiente dispone de recursos de todos los chilenos, la comunidad organizada solo cuenta con sus recursos propios, para poder defender su derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, su derecho a la protección a la salud de la poblacion, la calidad del agua potable y a su derecho a la vida.

El tribunal ambiental reconoce una responsabilidad administrativa a las autoridades regionales y nacionales involucrados, debido a que frente a la multiplicidad de iniciativas públicas concluidas sin resultados efectivos, y la persistente indefinición de roles y responsabilidades concretas, no solo de coordinación entre los distintos servicios, sino sobre todo, de asignación, ejecución y evaluación de las medidas propuestas NO pudieron dar solución y respuesta a la legítima demanda ciudadana. La “Comisión Copaquilla” creada el año 2009 conformada por órganos públicos y autoridades regionales, cuyo objetivo era realizar un perfil para un estudio de caracterización de matrices ambientales en el sector de Copaquilla para verificar si los desechos mineros dejados en el lugar habían afectado a los ecosistemas del lugar, de manera de  establecer medidas de mitigación y remediación, esta siendo objeto de Fiscalización por parte de la Contraloría de la región para establecer responsabilidades administrativa por incumplimiento al objetivo de esta comisión y a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya que hasta hoy no se ha cumplido, confirmando la poca Eficacia, eficiencia y coordinación que tuvieron los órganos públicos involucrados en esta contaminación ambiental.

El tribunal evidencia la poca Voluntad Política para atender a las diferentes manifestaciones de la marcada inquietud ciudadana, local, regional y nacional  que, a lo largo de más de veinticinco años, ha dado lugar a múltiples  interpelaciones y requerimientos a todas las instancias administrativas y políticas  de la región y del  país, sin haber recibido nunca una respuesta ni completa ni satisfactoria a la legitima inquietud ciudadana.

Es importante establecer que el Tribunal Ambiental reconoce la potenciabilidad de contaminación que representan estos desechos mineros y hace un llamado a las autoridades administrativas y políticas regionales para que adopten medidas urgentes conducentes tanto a la coordinación de las iniciativas sectoriales como especialmente a la ejecución inmediata de las medidas identificadas en el fallo, debido a que esta prolongada situación en los Altos de Copaquilla de abandono de residuos minerales,  es un grave peligro de toxicidad,

Es importante valorar el coraje y empoderamiento de la comunidad organizada, a significado un avance sustantivo en la defensa del derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, a la defensa de la salud de la población, a la calidad del Agua Potable y a su derecho a la vida, este proceso judicial ha servido para acceder a documentos y testimonios valiosos para demostrar el impacto nocivo de estos desechos mineros y también para demostrar la precariedad e insuficiencia de la actual institucionalidad ambiental y además de poder evidenciar la incapacidad institucional a la grave contaminación que representan estos desechos mineros y que las autoridades administrativas regional y nacional no han podido solucionar hasta el momento.